Los representantes del sector empresarial inmobiliario plantean que el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios obstaculiza el desarrollo del sector en el país. Entienden que debe producirse un consenso con las instancias legislativas.
La presidenta de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), Claudia Castillo, apunta que los legisladores deben escuchar a todos los sectores involucrados para promover una ley viable y, sobre todo, una ley adecuada a los principales actores.
“No se han escuchado los actores que participan en el proceso para buscar una ley con consenso y equidad y que no perjudique la inversión, porque los inversionistas extranjeros están viendo que se están tomando medidas no democráticas, medidas impositivas en un ambiente de comercio libre”, expresó.
Dijo que otro punto es el tema de reajuste anual del 5%, el cual entiende que debe hacerse dependiendo el tipo de inmueble. “Ahí se les está poniendo el mismo porcentaje a un cuartico que usted alquile en Cristo Rey con un apartamento de lujo en Piantini, ponen el mismo tratamiento y esto no puede ser igual, no puede ser el mismo tratamiento para un apartamento que un local comercial o una nave industrial, o sea, no se pueden tratar todos los inmuebles de la misma manera porque todos no tiene el mismo precio y no todos se manejan en la misma zona”, puntualizó.
Dice que están de acuerdo que sean regulados los temas antes señalados, pero con prudencia.
Las principales asociaciones empresariales consideran que lo planteado en los artículos 3,11,12,13,14,20 y 42 por el proyecto de ley no es favorable, por lo que presentan varias observaciones que contribuirían a la eficacia de la pieza.
Las excepciones planteadas en el artículo 3 del proyecto, que deja fuera de la ley de alquiles a los solares urbanos y suburbanos, la presidenta de Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), María Gatón, considera que deben ser incluidos porque los mismos, en muchas ocasiones, son utilizados como estacionamientos.
Los empresarios recomiendan la inclusión de excepciones adicionales, por tratarse de inmuebles que actualmente se encuentran regulados por otras legislaciones o porque podrían generar distorsiones en diversos sectores. Tal es el caso de: estacionamientos de vehículos; empresas y parques de zonas francas (en virtud del principio de extraterritorialidad establecido en la Ley No. 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas); espacios publicitarios; inmuebles por corta o larga estadía destinados a visitantes de proyectos turísticos inmobiliarios.
En tanto, grupos empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores) colocaron sus puntos de vistas en un documento elaborado el 4 de febrero dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho.
En este documento plantean, además, que el reajuste del precio del alquiler (artículo 11) debe diferenciar el incremento tomando en cuenta los alquileres que son en pesos dominicanos (5%) o en dólares de los Estados Unidos (2%). Asimismo, entienden que el plazo de alquiler (artículo 12) que propone el proyecto de ley que dispone una prórroga automática del contrato por un nuevo período de un año, consideran que dicha aplicación entraría en efecto solo en caso de que el contrato no contemple una disposición al respecto. Explican que la vigencia del contrato y la posibilidad de renovación automática, es una disposición contractual que debe ser dejada a la libre voluntad de las partes, no como imposición vía la ley.
“Recomendamos incluir la posibilidad de variar esta disposición por acuerdo entre las partes”, indican las asociaciones en el documento firmado por César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep.
Otro de los puntos es la sentencia de desalojo planteado en el artículo 42 del proyecto de ley: los empresarios precisan que, a fin de garantizar la celeridad en los procesos judiciales, es recomendable eliminar la parte in fine del artículo donde indica: el equilibrio recurrente en casación pueda evadir la ejecutoriedad de la sentencia habiendo consignado el duplo del monto de las condiciones establecidas en la sentencia.
Los empresarios dicen que con sus observaciones procuran contribuir con la aprobación de una ley de alquileres acorde a estos tiempos, que constituya un instrumento eficaz y adecuado para toda la sociedad.
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