El galón de gasolina premium se vende en esta semana a RD$293.60. Cuando se le pregunta al ministro de Industria, Comercio y Mipymes si llegará a costar el alto histórico de RD$300, prefiere no responder.

Al consultarle, entonces, si hay un llamado desde el Ministerio para que el consumidor se prepare para las alzas que se vislumbran, muestra una foto en su celular con la portada del periódico puertorriqueño El Vocero, en la que se lee como noticia principal: “Se pagará más por la gasolina”.

El ministro Víctor –Ito- Bisonó prefiere no ser directo, pero no oculta el panorama de incertidumbre y presión para el precio de los combustibles que se avizora por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Lo que tenemos es que planificarnos, ser austeros y revisar toda la cadena de los procesos donde podamos ajustar algunas cosas, y el gobierno es el primero que lo ha hecho”, dice a Diario Libre.

La semana pasada, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) -que es el de referencia para la República Dominicana- cerró el jueves a US$107.67, frenándose varios días de subidas influidas por la guerra en Ucrania. Pero al día siguiente volvió a aumentar, a US$115.68.

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Bisonó quiere que el dominicano entienda por qué paga los precios que fija el gobierno para los combustibles. Estos, de aprobarse un proyecto de ley que sometió la semana pasada el Poder Ejecutivo, ya no se fijarían cada viernes para regir durante una semana, como se hace en la actualidad, sino quincenal, y el día para anunciarse podría no ser el mismo.

“Hemos podido observar que en una semana fluctúan los precio en los mercados internacionales y gravitan sobre el precio final. Si le damos 15 días, puede ser más estable el precio”, asegura.

“Esos resultados de cada viernes -agrega-, no es que se inventan o (son) para molestar o favorecer a alguien, son el resultado del precio del petróleo y de la carga que tiene la propia estructura en este momento”, dice.

Con el proyecto de Ley que Reorganiza el Sector de Hidrocarburos en la República Dominicana, se procuran modificar varios artículos de la ley vigente sobre hidrocarburos (Ley 112-00), y uno es que se transparente el cálculo que lleva a fijar el precio de los combustibles.

El proyecto fue sometido al Congreso Nacional el pasado 28 de febrero y es una de las iniciativas que el Poder Ejecutivo considera prioritarias. “Lo que queremos es llevarle tranquilidad a la gente, que la gente sepa que lo que está pagando por un bien es lo justo, que no hay ningún secreto, que no hay nada indebido, que hay transparencia y rendición de cuentas y (son) auditables todos los procesos”, dice.

La iniciativa de reforma también manda la creación del Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles (Fecopeco) para reducir el impacto para la economía nacional de las eventuales revalorizaciones que sucedan en el mercado internacional de petróleo y sus productos terminados. “Si nosotros hubiéramos tenido ese fondo, quizás hoy los subsidios no fueran necesarios sacarlos del ahorro del presupuesto”, asegura Bisonó.

Solo en 2021, el gobierno informó que, para evitar que los combustibles reflejen los precios reales en el mercado local, destinó más de  RD$15,400 millones por subsidios. En lo que va de 2022 han sido más de RD$3,000 millones.

Desmonte de exenciones a generadoras aisladas

Bisonó está confiado en que el proyecto de ley será aprobado en el Congreso Nacional y por eso el ministerio que preside se anticipó a notificar en enero pasado a ocho empresas generadoras de electricidad en sistemas aislados o para consumos propios, de que comenzará el desmonte gradual de las exenciones fiscales que reciben en combustibles.

Hasta la semana pasada, no se había producido una reunión con los notificados, dice Bisonó. “A la hora del sacrifico lo tenemos que hacer también los que más tenemos y los que más podemos”, afirma.

En exenciones fiscales para la generación eléctrica, el Estado estimó que dejará de recibir en el presente año RD$6,014.8 millones, exclusivamente por el impuesto selectivo al consumo a los hidrocarburos.

El retiro de la exención deberá aprobarse por ley. “Si hubiéramos podido hacerlo antes, ya estuviéramos sentados hablando de eso”, dice Bisonó.