SANTO DOMINGO. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, manifestó que la organización de las primarias internas de partidos y organizaciones políticas por parte de la Junta Central Electoral sobrepasa las competencias que le otorga la Constitución de la República.
Fernández se expresó en esos términos a través de una misiva remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaño Guzmán, y al Pleno, que fue entregada por el secretario general Reynaldo Pared Pérez, José Ramón Fadul y José Manuel Hernández Peguero, delegados políticos y técnico ante el organismo.
Tras la invitación que éste le hiciera para participar en la audiencia pública, pautada para este miércoles 25 de julio, Fernández presentó excusas formales por encontrarse cumpliendo compromisos internacionales.
Una comunicación de prensa del líder peledeísta dice que este aprovechó dicha vía para reiterar su posición en torno a que la legislación que se logre aprobar sea conforme a la Constitución y que la misma no vulnere los controles constitucionales que se han diseñado, para garantizar los derecho fundamentales de los ciudadanos y la armonía de los poderes públicos.
Sostuvo también que coincide con la misma preocupación externada por la opinión pública, partidos políticos y organizaciones civiles de la sociedad dominicana, que la organización de las primarias internas de los partidos políticos implicaría un gran desafío logístico para la Junta Central Electoral, lo que pone en riesgo la credibilidad de ese órgano electoral.
“Considero que el rol de la Junta Central Electoral en los procesos de elección de candidatos de los partidos políticos debe ser el propuesto por el órgano elector al Congreso Nacional, en el que se consigna su facultad de supervisión y ofrecer apoyo logístico previo acuerdo con los partidos políticos”, dijo ex mandatario.
En el documento enviado a la JCE, Leonel Fernández recalcó que está de acuerdo con que cada organización política escoja sus candidatos como lo establecen sus estatutos, a fin de garantizar su democracia interna y su institucionalidad, según se establece en la Constitución.
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