República Dominicana, Haití, Venezuela, Cuba y Honduras se encuentran entre los países en la región con problemas de esclavitud moderna. Venezuela es, junto a Haití, el país con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica, según un informe publicado ayer por la fundación Walk Free y que ha presentado en Naciones Unidas.
Este Índice Global de Esclavitud 2018 estima que unas 174,000 personas sufren esa situación en territorio venezolano, una tasa de 5.6 por cada 1,000 habitantes.
Esa proporción es similar a la de Haití, donde unas 59,000 personas serían víctimas, y se sitúa claramente por encima de la de otros países de la región.
Tras Venezuela y Haití, la República Dominicana, Cuba y Honduras son los países de las Américas con un mayor problema de esclavitud moderna.
En cifras absolutas, el mayor número de víctimas se da en México, donde Walk Free calcula que unas 341,000 personas (2.7 por cada 1,000) sufren esa situación.
Este informe, elaborado con datos de 2016, define esclavitud moderna como cualquier situación de explotación que una persona no puede abandonar a causa de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaños. En total, la organización estima que casi dos millones de personas en la región de las Américas estaban en 2016 en situación de esclavitud, principalmente siendo forzados a trabajar. Algo más de un tercio lo harían atrapados por deudas, según explican los autores del informe.
Aunque el documento no lo especifica, los expertos consideran probable que la crisis en Venezuela esté haciendo aumentar de forma importante el número de personas en riesgo. Así lo explicó Davina Durgana, una de las autoras del informe, quien subrayó además que las autoridades venezolanas están entre las que peor respuesta dan al problema de la esclavitud moderna en todo el continente.
El estudio, que evalúa las acciones de los Gobiernos y establece una nota, coloca a Cuba, Surinam y Venezuela a la cola en toda la región de las Américas.
SOBRE LA SITUACIÓN EN LA CAÑA DE AZÚCAR
Verité realizó una investigación sobre la cadena de suministro de azúcar en la República Dominicana durante las cosechas de 2008 y 2010. Detectaron pruebas de múltiples indicadores de trabajo forzoso, incluidos indicadores de falta de consentimiento (por ejemplo, confinamiento físico en el lugar de trabajo, engaño sobre los términos de trabajo) e indicadores de amenaza de sanción (por ejemplo, violencia física contra trabajadores y privación de alimentos y refugio). Otros asuntos de preocupación detectados durante la investigación incluyeron deducciones ilegales y horas de trabajo que exceden los límites legales. Otro documento publicado en 2016 explora el uso de trabajadores del vecino Haití en el sector agrícola dominicano y las violaciones generalizadas de derechos humanos que enfrentan, en los “bateyes” del país.
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