La reducción del número de escaños de diputados que se aplicará en ocho provincias provocará una activa lucha entre los postulantes de los partidos, quienes deberán redoblar sus esfuerzos para alcanzar un peldaño.
La situación se registrará en Monte Plata, Barahona, Espaillat, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, La Vega y San Cristóbal, en cuyas demarcaciones se recortará un peldaño.
Monte Plata y Barahona, que en las elecciones del 2016 disponían de cuatro diputados por provincia, en los comicios de febrero del 2020 solo contarán con tres, mientras Espaillat y San Juan que tenían cinco ahora serán cuatro.
En Duarte y San Pedro de Macorís las posiciones eran seis y ahora pasan a ser cinco, en tanto que en La Vega y San Cristóbal el número de diputaciones en juego eran 11 y en las próximas elecciones serán 10.
En esas localidades en la pasada contienda sus postulantes basaron sus campañas en la asistencia social con la prestación de ayuda, a veces económicas, y a través del contacto permanente con sus adeptos.
En la actualidad deberán emplearse a fondo para tratar de ganar en los procesos internos de los partidos y luego en las elecciones del 2020.El Pleno de la JCE
La redistribución de los diputados fue adoptada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE), mediante resolución dictada en junio pasado, para su aplicación en las elecciones del 17 de mayo del 2020.
La resolución número 01-2018, hace la distribución de los 178 escaños de la Cámara de Diputados en base a la población por provincias según los resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) que era de 9,445,281 habitantes.
La disposición estableció además un incremento de escaños para las provincias de Santo Domingo y La Altagracia con 7 y 1 peldaño, respectivamente.
A la hora de adoptar la medida, la JCE tomó en cuenta la Constitución dominicana, que refiere que en ningún caso serán menos de dos diputados/as por cada provincia.
La redistribución de los diputados fue aprobada en el año 2015, pero no fue posible aplicarla porque mediante sentencia, dictada por el Tribunal Superior Administrativo, el 20 de enero de 2016, se ordenó la suspensión.
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