El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, aseguró ayer que en el país no existen las condiciones para la creación de un seguro de desempleo o de Riesgos Laborales, como propone el Gobierno en su anteproyecto de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
El líder sindical afirmó que muestra de ello es que aunque el artículo 50 de la Ley 87-01 de Seguridad Social estableció hace casi 18 años la creación de esta figura, los estudios exploratorios realizados posteriormente arrojaron que no era factible implementar este mecanismo propio de países desarrollados.
Afirmó que este seguro que se otorga a los trabajadores de Europa y en Estados Unidos por su alto nivel de desarrollo y las altas tasas de impuestos pagados por sus ciudadanos, no existe en ningún país de América Latina, ni siquiera en naciones como Brasil o Argentina.
“El ministro de Trabajo sabe muy bien que en este país las condiciones no existen, y por eso es que existe el auxilio de cesantía. Lo que quieren ellos es desviar el tema hacia la creación de un instituto fantasma”, dijo, refiriéndose al Instituto de Protección de Riesgos Laborales.
Abreu insiste en que países como la República Dominicana, con altos niveles de desempleo, no es factible su aplicación y sostenibilidad.
“Usted le pide que explique ese seguro de desempleo, de qué se va a nutrir, de donde saldrá el dinero, qué garantía existe de que ese seguro sea sostenible para responder a los trabajadores cuando queden cesantes, y usted se va a encontrar con que él no tiene la posibilidad de responder a eso”.
Cesantía debe preservarse
El presidente del CNUS insiste en que se preserve el artículo 80 del Código Laboral que establece una indemnización por cesantía, en función del tiempo trabajado cuando el empresario ponga fin al contrato de trabajo sin alegar causas.
“Los empresarios han querido un despido libre, un abaratamiento del costo del despido, están planteando que eso sea sustituido por otros mecanismos, contando con el apoyo gubernamental para mediante un anteproyecto que está en el Congreso, convertir la actual Administradora de Riesgos Laborales (ARL), adscrita al Seguro Social en un Instituto de Protección a los Riesgos Laborales, que se encargaría de que, en caso de que un trabajador sea desahuciado o quede cesante del empleo, sea protegido por ese sistema”, explicó Abreu, tras calificar la acción como “una puñalada contra la clase trabajadora”.
Terminaría la paz laboral
Dijo que aunque los sindicatos han tratado de no mezclar el tema de aumento salarial con la reforma laboral, no dudan que el empresariado utilice este argumento para conseguir sus objetivos, “pero yo les digo esto: eso sería echarle más leña al fuego, radicalizar más la lucha y terminar la paz laboral del país, y le voy a decir algo, eso no le conviene a nadie”, advirtió, tras reiterar el llamado a marcha junto a otras centrales sindicales el miércoles de la próxima semana, la cual parte del Parque Enriquillo hacia el Palacio Nacional.
Dijo que la movilización podría desencadenar en una convocatoria a huelga general con la suma de otros sectores. “Estamos en un año pre electoral, cuando tu vienes a ver en este país se crea una situación de caos, de confrontación que escapa al control, muchas veces, hasta de los organizadores y de los que con su actitud indolente la propician”.
Dice que empresariado rehúye aumento salarial
Recordó que la próxima reunión del Comité Nacional de Salarios está pautada para el 25 de abril, en donde se espera que el empresariado lleve una propuesta de aumento, la que según asegura, ha estado rehuyendo en procura de que se discuta previamente lo concerniente a la clasificación de las empresas. El sindicalista afirmó que el Gobierno se ha abierto varios frentes al establecer un debate simultáneo sobre el aumento salarial y mezclando en un solo proyecto la posible eliminación de la cesantía y la disolución del IDSS.
Reina incertidumbre con el destino del IDSS
Abreu dice que nadie se explica cuál será el destino final de una institución que acumula más de 78 años de servicio, y que tiene pendiente la entrega de pensiones, reivindicaciones y con una empleomanía en estado de incertidumbre. En ese sentido, plantea que el tema sea discutido en el consejo directivo del IDSS por los actores gubernamentales, empresariales y sindicales que la componen a fin de establecer una especie de carta de ruta que permita coordinar lo que se hará con cada una de sus dependencias.
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