Es indudable que, en los últimos 30 años, la región ha experimentado avances significativos en la reducción de la pobreza y el hambre. Sin embargo, las brechas urbano-rurales siguen siendo profundas, y en ese contexto, también se registra desigualdad entre ruralidades. Hay territorios rurales con niveles de pobreza y pobreza extrema por encima del 70% y una incidencia de desnutrición crónica inaceptable, marcando de este modo una enorme distancia de las respectivas medias nacionales. Esta situación se torna aún más compleja cuando, de una parte, las economías de la región se desaceleran, y consecuentemente, el gasto social y el ingreso de los hogares se contraen. Y de otra, cuando hay otras dimensiones que inciden en profundizar la situación de vulnerabilidad territorial, como el cambio climático, la migración, el uso insostenible de recursos naturales y las economías ilegales. En este contexto, el logro de la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- de no dejar a nadie atrás, está en juego, y es en esa dirección en la cual hay que buscar soluciones novedosas y urgentes para, en los lugares rezagados, transformar el campo, reducir la pobreza y la desigualdad, así como frenar la degradación ambiental.

¿Por qué estos territorios han quedado atrás? ¿Qué factores han incidido en esta situación de desigualdad territorial? Si bien hay diversas explicaciones que pueden dar cuenta de lo que ocurre de manera particular en cada país de la región y en cada uno de sus territorios, es posible identificar un problema común y es el déficit de Estado, ciudadanía y mercado y la ineficiente interacción y concurrencia de estas esferas en dichos territorios, que impide construir las capilaridades necesarias entre ellos para cerrar las brechas territoriales y poblacionales, gestionar los territorios y sus recursos de manera diferente y generar ingresos dignos y sostenibles a la población.

Si bien hay Estado en estos territorios, su capacidad de gestión es precaria porque hay enormes debilidades en la capacidad institucional local. Los flujos de los gobiernos centrales son también débiles por cuanto las instituciones del orden nacional casi no tienen presencia ni músculo territorial y la coordinación interagencial se torna más ineficiente conforme se avanza hacia las periferias rurales. La provisión de bienes y servicios públicos es escasa no sólo por falta de recursos financieros sino porque hay fallas en la información y en los sistemas de focalización de programas públicos, y se considera que los costos de transacción de dichas inversiones son muy elevados por las distancias y dificultades de acceso a estos lugares. No menos relevante es el desarrollo de economías ilegales en varios de estos territorios rezagados, que, entre otras consecuencias, debilitan y/o capturan las estructuras estatales.

El déficit de ciudadanía tiene que ver con el bajo o nulo nivel de participación de los territorios y sus actores en la identificación de los problemas y las soluciones a los mismos, a pesar de que en muchos de estos territorios hay importantes niveles de organización social y comunitaria. Hay una crisis de legitimidad de los modelos y las políticas públicas de desarrollo rural, no sólo porque se piensan e implementan desde el centro, sino también porque la institucionalidad vigente se quedó atrás para enfrentar los retos de la pobreza y el hambre. Consecuentemente, aumenta la conflictividad social, cristalizada en demandas de actores que buscan constituirse en constructores de instituciones locales más adecuadas y sintonizadas con las realidades territoriales y como agentes políticos capaces de ejercer gobernanza sobre sus recursos.

En materia de mercado, estos territorios están estructuralmente al margen de los mercados internos, regionales y mundial y de los procesos de competitividad. Están desconectados o muy alejados de nodos de mercados laborales y de demanda de bienes y servicios producidos en el campo. No hay casi acceso a tecnología e infraestructura para producir de manera más eficiente, agregar valor a los productos agrícolas y especializar en servicios no agrícolas. De igual forma, el acceso a servicios de extensión y financieros es nulo o precario. Los suelos suelen ser inadecuados y reina la inseguridad jurídica frente a la propiedad de la tierra. El comercio de productos está lleno de barreras de acceso a mercados toda vez que no hay vías y los centros de acopio son insuficientes o están distantes. Hay una altísima intermediación en el proceso comercial y los mercados carecen de regulación. Así las cosas, los ingresos agrícolas son informales, discontinuos y precarios, y hay una alta dependencia de subsidios y remesas.

100-T es una estrategia de FAO que busca, en el marco de las políticas públicas de los países, desarrollar, implementar, monitorear, evaluar, sistematizar y diseminar herramientas y modelos de intervención adecuados a las realidades de los territorios rurales más rezagados y vulnerables. Lo anterior, con el fin de acelerar el logro de las metas de los ODS 1 y 2, para lo cual gravita sobre las dimensiones de desarrollo rural, pobreza, hambre y malnutrición. Esta estrategia se realizará de manera articulada con las autoridades nacionales y territoriales, con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, con el sector privado, y otros cooperantes internacionales. La estrategia tiene, así mismo, un componente de aprendizaje social que se espera hacer circular de manera activa en la región.

100-T no es una gran estrategia comprehensiva diseñada desde la FAO para que cada país aplique en la búsqueda de resolver estos cuellos de botella del desarrollo, sino una caja de herramientas de apoyo técnico, circulación de la cooperación sur-sur, investigación, aprendizaje e gestión del conocimiento que cada país puede decidir utilizar integral o modularmente, de acuerdo con sus preferencias y apuestas por el desarrollo.

Para efectos del logro de los objetivos propuestos, la FAO buscará impulsar un diálogo tanto político del más alto nivel, así como social con un amplio espectro de actores sociales, comunitarios y privados, y con comunicación estratégica, para dinamizar 100-T en las agendas prioritarias de los países de la región.

1. Visibilizar los territorios que se han quedado atrás en el desarrollo rural y buscar el reconocimientopolítico y social de que requieren un empeño particular porque, a pesar de los esfuerzos sostenidos de las últimas décadas, las políticas públicas, que han tenido impacto en las medias nacionales, no han afectado de igual manera a estas periferias.
2. Apoyar a los gobiernos en la IMPLEMENTACIÓN a través de mecanismos de coordinación entre sectores y niveles y articulación de estrategias e instrumentos más eficientes y eficaces en el marco de los esfuerzos que están en curso, con el fin de incrementar su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, y en auditar, monitorear y evaluar programas y proyectos
3. Brindar a los gobiernos nacionales y territoriales, así como a otros actores clave del desarrollo rural,herramientas, conocimiento y acceso a experiencias exitosas que pueden contribuir a reducir la pobreza en estos territorios.

Bajo el liderazgo de las Representaciones país de FAO y de los gobiernos nacionales y subnacionales, y con la participación activa de actores clave del orden internacional, regional, comunitario, social y privado, en un diálogo político de alto nivel y social de amplio alcance que permita avanzar en:

• Lograr de parte de los gobiernos nacionales el compromiso explícito de sumarse a 100-T
• Determinar los territorios objeto de 100-T, a partir de una construcción desde las prioridades de política pública de cada país y de la propuesta geográfica de FAO-CEPAL;
• Identificar líneas de mejoramiento y profundización de aquellas políticas, programas e instrumentos que han tenido impacto sobre la pobreza, desigualdad y hambre;
• Establecer estrategias nuevas que hayan sido exitosas en otros contextos, que puedan contribuir a mejorar la calidad, alcance e impacto de las políticas públicas de desarrollo rural dirigidas a superar el hambre y la pobreza y fortalecer la ciudadanía en el marco de la gobernanza territorial.
• Definir planes de acción de las agendas de corto, mediano y largo plazos de apoyo directo y cooperación de FAO.

Es importante señalar que las Representaciones país de la FAO liderarán la definición de las propuestas de alcance y contenido de la estrategia 100-T a ser presentada y discutida con cada uno de los gobiernos.

FAO y Cepal elaboraron una aproximación preliminar a la geografía de los 100 territorios (Anexo 1), y a partir de un análisis de datos de NBI y desnutrición crónica en zonas rurales, se identificaron 1.975 municipios en 14 países de la región que podrían conformar estos territorios por cuanto tienen los índices más elevados en ambos casos [1].

Se desprende de este ejercicio que, en estos municipios, 20.9 millones de personas habitan en zonas rurales y representan el 46% de la población total de estos municipios. El 82% de esa población tiene NBI por encima del 68% (salvo Costa Rica); 47% es población indígena y afrodescendiente, que es la más pobre entre los pobres; el 20% tiene jefatura de hogar femenina; e índices de dependencia de entre 54 y 11.

Posteriormente, FAO elaboró nuevos mapas de aglomeraciones territoriales para 5 países, expuestos más adelante, que delimitan ámbitos espaciales a partir de los cuales en los cuales se pueden definir los territorios rezagados que harán parte de 100-T.

[1] Estos municipios fueron aglomerados de manera indicativa, como paso preliminar para iniciar el proceso de construcción y definición de territorios.

La primera fase de la Estrategia 100-T se dará en siete de los 14 países identificados. Para Mesoamérica en República Dominicana, sur de México y países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras); y en Suramérica, Colombia y Paraguay. Esta fase inicia en enero de 2019, e implica un trabajo liderado por las representaciones país de FAO, en el cual se involucrarán los gobiernos nacionales y subnacionales; actores regionales, internacionales y territoriales.

A continuación, se presentan los mapas de 5 de los 7 países priorizados, que contienen los ámbitos geográficos a partir los cuales se definirán los territorios objeto de 100-T. Fueron tenidas en cuenta las variables que se explican en el pie de página abajo por cada país, que responden tanto a la información disponible de los países, como a los indicadores prioritarios para cada gobierno.