Una investigación con drones reveló el estado de parálisis en que se encuentran obras financiadas con fondos de Petrocaribe en Haití. El plan para reconstruir a ese país después del devastador terremoto de 2010 es la mayor muestra de cómo la corrupción damnificó por partida doble a los ciudadanos que pusieron en estos fondos sus esperanzas.
n joven atraviesa apurado la transitada Ruta Nacional 2 de Haití, mientras empuja una carretilla con unos bloques de hielo que espera trasladar al otro lado de la calle. Cada día arriesga su vida, con tal de mantener fresco el pescado que se vende al borde de la congestionada vía. Del otro lado, le espera Monzus Senatus, un hombre alto que desde hace seis años vende en un angosto pedazo de acera porque lo desalojaron junto a sus colegas del viejo mercado de Fontamara. Las autoridades demolieron la instalación para construir una nueva, pero no la terminaron.
El carretillero tiene suerte de llegar a salvo al otro lado. Con cierta frecuencia los vehículos que transitan por allí han arrollado mortalmente a los transeúntes. La última vez fue en marzo de 2018. Los vendedores de pescado y la comunidad protestaron para que terminaran el mercado de una vez, como cada vez que arrollan a uno de los suyos. Pero de nada sirvió. “No hemos podido hablar con alguna autoridad y ni siquiera sabemos con quién hacerlo”, se lamenta Senatus. Allí sigue la mole de concreto inacabado, a espaldas de esa línea de vendedores de pescados que desde 2012 convive con la amenaza de los automóviles que salen y entran de Puerto Príncipe. Sobre el piso del tercer nivel de la estructura cuelgan varillas de acero entrelazadas como el esqueleto de un techo inexistente, entre clavos, desechos y excrementos de animales.
El mercado de Fontamara es uno de los más de 130 proyectos cuya construcción se planificó en ese país con cargo a fondos de Petrocaribe, el acuerdo energético de venta de petróleo con créditos preferenciales impulsado por el gobierno de Venezuela. De esos recursos dependía en buena medida la reconstrucción nacional de Haití, tras el potente terremoto que en 2010 devastó al país, causó decenas de miles de muertos, dejó 1,5 millones de damnificados y colapsó la infraestructura del país incluido el viejo mercado que ya fue demolido. La nación sudamericana ha prestado 3,833 millones de dólares como parte del programa de cooperación, pero del total hubo 2,119 millones de dólares que fueron apartados por los gobiernos haitianos para ejecutar el plan de obras. La iniciativa terminó convertida en una fuente de fraude que ha desilusionado a la población haitiana y la ha motivado a impulsar campañas de redes sociales y a protestar en las calles para pedir castigos para los corruptos. En octubre de 2018 las manifestaciones por ese motivo dejaron una muerte, decenas heridos y provocaron una crisis en el gobierno de Haití.
La investigación de #Petrofraude, una alianza colaborativa de medios de cincos países, revela que con los fondos venezolanos se privilegiaron negocios del presidente Jovenel Moïse, del senador dominicano Félix Bautista y de grupos empresariales y familias con nexos con el poder en toda la isla La Española. Montos millonarios para aliviar las secuelas de una catástofre en el país más pobre de América Latina, terminaron en contratos con sobreprecios, en cuentas bancarias extranjeras, en construcciones que nada tenían que ver con la reparación post terremoto y en obras que comenzaron pero hasta la fecha no han sido concluidas. La ruta del dinero apunta también a la obra social de Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana; y al financiamiento de campañas de candidatos presidenciales como Michelle Martelly, quien obtuvo la victoria en Haití en 2011, y de Alejandro Toledo, ex presidente peruano quien intentó retornar fallidamente al poder en los comicios de ese año.
Periodistas de esta investigación visitaron en Haití casi una decena de proyectos financiados con el dinero de Petrocaribe para verificar su progreso, usaron drones para captar imágenes de algunos de ellos, analizaron tres auditorías realizadas por el Senado y la Corte de Cuenta de ese país, revisaron demandas judiciales contra funcionarios por el presunto mal uso de esos préstamos y examinaron información contable para reconstruir el mayor fraude documentado ocurrido con proyectos de infraestructura financiados por Petrocaribe en la región.
La plataforma energética impulsó entre los países miembros al menos 236 obras y programas en las áreas petrolera, eléctrica, portuaria y aeroportuaria y urbana, entre otros rubros, de acuerdo con un inventario realizado por esta investigación. Según el informe de gestión de Petrocaribe publicado en 2015, las inversiones incluso ayudaron a empujar el Producto Interno Bruto del sector construcción de los países miembros. La mayor obra de la cartera sería la del Complejo Refinador Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua que exigiría una inversión de más de 4,100 millones de dólares, según anuncios oficiales. El proyecto, sin embargo, comenzó pero nunca concluyó. El plan de infraestructura de Haití es el segundo mayor en monto, pero a diferencia de Nicaragua, en ese país los resultados fallidos que indignaron a la población presionaron a las instituciones para ofrecer algún tipo de respuesta frente al fraude.
Ninguna de las evidencias que creaban malestar fueron significativas para las autoridades venezolanas vinculadas con el convenio. Mary Barton-Dock, representante del Banco Mundial en el país caribeño, en diciembre de 2013 pidió al gobierno haitiano en una declaración pública que enfrentara la corrupción con los fondos de Petrocaribe. Pedro Canino González, entonces embajador venezolano, rápidamente la contradijo y afirmó que la ejecución era transparente y que el presidente Nicolás Maduro estaba “muy satisfecho” con la gestión de los fondos del convenio.
En abril de 2014, Michel Martelly, entonces presidente haitiano, dijo una frase que condenó su gestión: “Voy a anunciar algunas malas noticias. Hemos estado haciendo tanto trabajo en todo el país, que las arcas estatales no tienen ni un centavo”. Casi un año más tarde, Rafael Ramírez, entonces canciller y ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que suministra el petróleo en la región, visitó Haití y, según el diario Le Nouvelliste, se mostró complacido al constatar “que los proyectos bajo el acuerdo de Petrocaribe son consistentes con los ideales propugnados por el gobierno venezolano”.
Lee el especial completo en: #Petrofraude El descalabro continental chavista con dinero de los venezolanos
El senador Yourie Latortue, quien adelantó a mediados de 2016 una auditoría desde la Comisión de Ética y Anticorrupción del Senado, señaló en una entrevista para este trabajo que mostrarse complacidos con la forma en que el dinero se gastaba siempre fue el denominador común entre los funcionarios venezolanos que visitaban Haití para supervisar la ejecución de la cooperación, pero es falso. “Queremos que quienes se llevaron el dinero sean juzgados y que se les obligue a devolverlo al Estado haitiano para que pueda ser realmente invertido”, manifestó Latortue.
A fines del año pasado el Senado haitiano presentó otra auditoría sobre el uso de un total de 1.705 millones de dólares de esa cooperación venezolana y comprobó que se violaron formalidades en las licitaciones, se forjaron contratos para esconder irregularidades o para inflar los precios de las construcciones, se cancelaron y desviaron fondos ilegalmente a otros proyectos, se adjudicaron contratos millonarios a empresas recién creadas a las que se les adelantaron enormes porciones de dinero, aunque ni siquiera habían presentado estudios de factibilidad.
El reporte, que estuvo a cargo del senador Evallière Beauplan, es todavía más exhaustivo que el de Latortue. En más de 600 páginas, la comisión parlamentaria no solo analizó la forma en que fueron autorizadas las resoluciones de emergencia, sino que enumeró cada una de las empresas privadas e instituciones públicas que participaron y ejecutaron los contratos de reconstrucción, los montos desembolsados y el estado en que se encontraban los proyectos que recibieron recursos en un proceso que, según determinó la instancia del Senado, estaba “lleno de anomalías, de irregularidades, de actos de malversación y de prevaricación” en el que no se protegieron los intereses del Estado haitiano.
Tanto la auditoría de Latortue como de Beauplan analizaron las 15 resoluciones de emergencia que los gobiernos haitianos aprobaron para usar rápidamente el dinero de Petrocaribe y la forma en que los contratos fueron otorgados a cada empresa. Dos presidentes y seis primeros ministros, sin contar funcionarios de otras instituciones, quedaron bajo la lupa parlamentaria. Las acusaciones por nepotismo, violación sistemática de leyes, enriquecimiento ilícito, desviación de fondos, extorsión y fraude, sin embargo, se han dirigido principalmente a los ex primeros ministros Jean Max Bellerive y Laurent Lamothe y a Michael Lecorps, ex presidente de la Oficina de Monetización de la Cooperación Extranjera para el Desarrollo (BMPAD por sus siglas en francés). Los tres han negado los cargos y señalado que las acusaciones contra ellos carecen de fundamento.
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