Las aplicaciones: El nuevo rostro de las obras públicas

César A. Fernández F.Santo Domingo

Desde su fundación, históricamente los Estados han sido responsables de suplir a la población las demandas de infraestructura y servicios necesarios: carreteras, presas, aeropuertos, puertos, servicios de salud, agua potable, comunicación, educación entre otros. Estas obras y servicios en su mayoría eran o son provistas por partidas específicas dentro del presupuesto nacional y/o con endeudamiento nacional o internacional.

En la medida que los países se desarrollaron y aumentaron sus poblaciones, también creció la brecha entre las necesidades de infraestructura y las posibilidades de los Estados para suplirlas.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los países de América Latina y el Caribe deberían invertir alrededor del 6.2% de su Producto Interno Bruto anual (PIB) para satisfacer sus necesidades de infraestructura, pero según cifras recientes (2015) entregadas por la CEPAL, este monto solo llega a 2.3% del PIB.

Realidades
Según estas informaciones y las realidades que conocemos de una sobredemanda en obras de infraestructura y servicios en los países de la región, se hace evidente que en América Latina no hemos cumplido con las obras que deberían estar planificadas y construidas para satisfacer las necesidades de un país.

 Es por esta razón que surge el modelo de inversión denominado Alianza Publico Privada (APP), Public Private Partnership (PPP’s en ingles), el cual inicia su apogeo en Inglaterra durante los años 90, cuando se abrió la posibilidad de que el sector privado invirtiera en obras públicas. En ese entonces se denominó iniciativa financiera privada.

Inversión
En gran parte su éxito se debe a que permite al Estado aumentar la inversión en activos destinados a la infraestructura y servicios públicos, sin tener que asumir directa e inmediatamente su financiamiento; esto es, sin recibir impacto directo en su nivel de ingresos, sin afectar los tributos existentes y sin generar mayor endeudamiento.

Una de las ventajas de las APP radica precisamente en la transferencia de tecnología, recibimos obras más modernas, más eficientes, en menor tiempo y costo, y lo más importante, financiera y medioambientalmente sostenibles.

A pesar de lo rentable e importante que es para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe el uso de las APP como modelo de inversión, la realidad es otra, pues tal y como indica el Informe de Evaluación de las Asociaciones Público Privadas en Infraestructura del año 2017 que realizó el del Banco Interamericano de desarrollo (BID), Guatemala tiene 14 proyectos para un 0.51% de su producto interno bruto; El Salvador cinco con 0.07 % de PIB; Honduras 19 con un 1,87% del PIB; Nicaragua 8 con 1.48% del PIB; Costa Rica 13 con 0.58% del PIB; Panamá 10 con 0.67% del PIB; y La Republica Dominicana 12 con 0.24% del PIB. Esto demuestra claramente que estamos lejos del nivel deseado en la implementación de este tipo de asociación en los programas de desarrollo de nuestros gobiernos.

Aplicaciones
En países desarrollados las APP son más comunes y habituales. La Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard coloca ejemplos de proyectos financiados por este tipo de alianzas, tales como hospitales en África, supercarreteras en Estados Unidos, sistema de trenes en América del Sur, sistemas de transporte en Alemania, puentes regionales en Hong Kong, plantas termoeléctricas en Asia, acueductos en Inglaterra y viaductos en Australia. Estos son proyectos actuales y reales, modelos exitosos, rentables para el sector privado y altamente beneficiosos en términos sociales y económicos para los diferentes países, lo que indica claramente que el modelo funciona y es el futuro del mundo en materia de inversión, desarrollo y transparencia en las obras de infraestructura.

A pesar de esto, existen muchos obstáculos para la implementación de las APP en la región.  

El Infrascope, herramienta del BID para medir la capacidad de los países de implementar APP, define índices cualitativos y cuantitativos para sus evaluaciones, y está basado en datos de la Unidad de Inteligencia de The Economist. Los dividen en cinco índices que evalúan: los marcos regulatorios, los marcos institucionales, la madurez de la operación, el clima de inversiones y negocios, y la facilidad de financiamiento.

Proyectos
Otro dato interesante que viene del Informe es que la República Dominicana ha invertido unos US$1,900 millones en infraestructura en los últimos cinco años, el 52% de la inversión total se destinó para proyectos de energía; 42% a telecomunicaciones; y 6% a puertos. La inversión directa extranjera en infraestructura alcanzó los US$8,800 millones entre 2004-2013 en los sectores de telecomunicaciones, energía, bienes raíces, transporte y comercio.  En el puntaje de evaluación de 16 países de América Latina estamos en último lugar con 49 puntos, y definidos como un Estado naciente en materia de APP.

Lo más crítico encontrado por Infraescope en nuestro país, es que de los cinco elementos que se evalúan, el marco jurídico del mismo es el que se necesita completar el anteproyecto de una ley especial de alianzas publico privadas que complemente o sea paralela a la Ley de Compras y Contrataciones 340-06.

Todos los sectores de la sociedad dominicana deben conocer y ser parte de esta nueva visión del mundo, en un país que cada día demandamos más soluciones de infraestructura para desarrollar nuestros quehaceres y en donde contamos con la más baja presión fiscal del continente para poder enfrentarlas; debemos mirar a las APP como una solución posible.

Las APP no solo vienen a solucionar un problema de inversión, sino también incrementan los niveles de transparencia, eficiencia y desarrollo sostenible de las inversiones.

Nuestros países necesitan ejecutar las obras públicas que han sido postergadas por décadas y que son prioritarias no solamente para el desarrollo humano y social, sino también para motorizar la economía del país y de la región.

El Estado cada vez mas tendrá menos capacidad de financiarlas o hacerlas con el presupuesto nacional, necesitará de la participación y de la alianza con el sector financiero, y el sector privado para lograr alcanzar los niveles de desarrollo deseados.

“Lo que se busca es trasladar la mayor porción de riesgo al sector privado para que éste, con su conocimiento y experiencia, pueda entregar mejores indicadores del servicio haciendo que el beneficio hacia el usuario aumente y al mismo tiempo pueda transferir conocimiento y tecnología hacia el sector público”.

José Schafik Collazo, director de la DAPP de El Salvador

El autor es ingeniero civil con especialidad en infraestructura y urbanismo, y administración de políticas públicas. Director del Centro de Estudios de Urbanismo e Infraestructura de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).