El pueblo dominicano ha quedado sumido en la frustración y en la desconfianza, tras la inesperada suspensión de las elecciones municipales por culpa de graves fallas en el sistema de voto automatizado que se usaría parcialmente en ellas.
El colapso de ese sistema, ya cuestionado de antemano por las dudas sobre su confiabilidad en las primarias de octubre de 2019, obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a paralizar las votaciones que habían comenzado, con preocupante tardanza, en la mañana de ayer.
Desde la noche anterior se habían generado legítimas aprehensiones por la presencia, no informada a los delegados de los partidos políticos, de técnicos de la JCE acompañados de personas provistas únicamente de un supuesto permiso escrito del organismo electoral, en algunos colegios electorales dizque para verificar el estado de los equipos electrónicos.
Ante los inexplicables retrasos en la apertura de los sufragios y, además, ante las denuncias de que en las pantallas solo aparecían algunas candidaturas, no la totalidad de los partidos concurrentes, la JCE y los delegados de los partidos decidieron la postergación de los comicios.
La JCE está ahora sometida a la presión de los mismos partidos y de amplios sectores de la sociedad para que se esclarezcan las reales causas del estropicio tecnológico que ha dado lugar a esta suspensión, fenómeno inédito en la historia democrática del país.
Inclusive, es casi generalizada la solicitud para que sus jueces y suplentes renuncien, lo cual, de materializarse, implicaría abrir un proceso de elección de los sustitutos en el Senado, obligatoriamente bajo un consenso del liderazgo político.
Pero resulta que ese mismo liderazgo está, desde ayer, en un escenario de confrontación, lo cual torna incierta por el momento la posibilidad de reencauzar el proceso sin más traumatismos que los que ya ha originado esta crisis.
La sociedad debe reclamar un fuerte castigo para los que hayan resultado responsables del mal manejo o gestión de los equipos electrónicos, causa principal de este desastre electoral que ha malogrado la voluntad popular sembrando de dudas el camino hacia unas elecciones extraordinarias, demasiado cercanas a las congresionales y presidenciales de mayo.
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