Cuando comenzó la actual gestión administrativa del Estado, en agosto del 2020, dirigida por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hubo expectativas de cambio con relación a erradicar prácticas irregulares asumidas en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Para octubre de ese año, a nivel congresual, afloró al debate público de si los nuevos miembros del Senado iban a eliminar el barrilito y cumplir así su promesa de campaña. Sin embargo, esta gestión agotará su periodo en agosto próximo, y se mantiene la deuda con la sociedad al no eliminar esa erogación millonaria mensual ajena al rol del legislador.
Se trata del Fondo de Asistencia Social, creado en el 2006 a fin de regular los recursos que recibían los legisladores de forma discrecional y sobre los que no rendía cuenta. Este fondo le cuesta al Estado RD$21,071,000.00, equivalente a RD$252,852,000.00 al año. Cuando comenzó la gestión, Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras (Santo Domingo) se rehusaron a recibirlos. Más tarde, se sumó Faride Raful (Distrito Nacional) para ser los únicos tres en no tomaron el dinero.
En 2021 fue la última vez que el tema se debatió en la opinión pública. La propuesta de que fuera erradicado estuvo motivada por diferentes sectores y figuras, incluyendo al presidente Luis Abinader.
Aun así, cada mes, la Dirección Financiera del Senado deposita estos fondos en 29 cuentas corrientes del Banreservas (detalles en la infografía).
¿Cómo lo justifican?
Recientemente, la senadora Ginette Bournigal, representante del PRM por Puerto Plata, expresó que usa el barrilito para ayudas sociales a personas de su demarcación, como asuntos médicos, pagos de recetas, clases de computadoras y otros asuntos.
«Mientras el Estado no lo desinstitucionalice, yo no me voy a poner a hablar como algunos de que no lo van a tener, porque no lo tienen, pero se le pone un asesor a cada uno de doscientos mil pesos», expresó la legisladora al equipo de Política de DL.
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