
Una mafia integrada por empleados del Ministerio de Hacienda, altos oficiales y particulares autoriza bancas ilegales en todo el país y a cambio cobra entre dos y tres mil pesos por cada una al mes, denunció este sábado el diputado Radhamés González, vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
“Tienen oficinas privadas para eso, yo tengo los datos donde se reúnen, el restaurant que utilizan por la avenida Abraham Lincoln, una oficina que tienen en la Urbanización Fernández, todos absolutamente todos los datos”, sostuvo.
González indicó que preocupado por esta situación sometió el pasado martes 19 un proyecto de ley que busca regular las actividades de las bancas de lotería en República Dominicana.
“A partir del año 2011 el Ministerio de Hacienda autoriza y supervisa las bancas de loterías y les cobra, y se prohibió la instalación de nuevas bancas por 10 años, había para entonces unas 30 mil bancas legales, pero ahora hay más de 100 mil bancas, la mayoría ilegales, y ellos manejan más de 100 millones de pesos cada mes, pero métele lápiz, le cobran de 2 a 3 mil pesos a cada banquero y es un dinero que no lo reportan, es para ellos”, dijo.
El grupo alegadamente opera en nombre del Ministerio de Hacienda, pero el dinero que cobran es para ellos, aseguró el diputado denunciante.
González explicó que en el proyecto que sometió se establecería 500 metros lineales como distancia a la que debe estar colocada una banca de la otra.
El artículo 2 de la pieza dice igualmente que estos negocios deben instalarse a no menos de 500 metros lineales de iglesias, colegios, escuelas, centros deportivos, centros culturales y estancias infantiles.
“Se fija un impuesto único de 60 mil pesos a las bancas de lotería, el cual será pagado 60 por ciento a la Dirección General de Impuestos Internos y 40 por ciento a la Administración de la Lotería Nacional, los primeros 10 días hábiles de cada mes”, señala el artículo 4 del proyecto.
En su artículo 5, la pieza dice que “el incumplimiento de lo establecido en la presente ley será sancionada con el pago de 20 salarios mínimos, al consorcio responsable de la banca, así como el cierre y la incautación de los equipos que no cumplan con los artículos 1 y 2 de esta ley”.
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