La suspensión de ayuda exterior financiada por el gobierno federal de Estados Unidos, impulsada por Donald Trump desde la semana pasada, comienza a dejar ver los efectos a gran escala de una de las tantas polémicas decisiones que ha tomado el republicano en los agitados primeros días de su regreso a la Casa Blanca. Los impactos de esta medida se extienden a República Dominicana, donde varios programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) podrían verse afectados.
Para el presupuesto del año fiscal en curso, el anterior secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aprobó un monto de 42,750 millones de dólares para ser invertidos en salud, desarrollo y educación y entrenamiento militar en República Dominicana.
Solo en agosto del año pasado, la Usaid proporcionó al gobierno dominicano más de 45 millones de dólares para abordar áreas claves, como el crecimiento económico, democracia y derechos humanos, la adaptación climática y preparación ante desastres, educación y seguridad sanitaria global. El anuncio lo hizo Samantha Power, la jefa de la agencia en ese momento durante una visita al país.
Ahora, estas ayudas están amenazadas con las políticas de «gastar o ahorrar en casa» del gobierno de Trump, cuyas medidas ya provocaron el despido de personal y el cierre de programas en todo el mundo.
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