El Ministerio Público de La Vega acusa a la candidata a diputada Rosa Amalia Pilarte López, aspirante por el PRM, de realizar transacciones financieras que ascienden a la suma de $2,593,377,316.00, y de que forma parte una la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Junto a Pilar López, están acusados su esposo Miguel Arturo López Florencio, quien supuestamente encabeza la red, y el hijo de ambos José Miguel López Pilarte, quien es regidor. Los tres fueron apresados y serán sometidos en las próximas horas ante la justicia.
En la información, dada a conocer en una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República, la titular del Ministerio Público de La Vega, Aura Luz García Martínez, dice que la red de lavado de activos producto del narcotráfico ha hecho movilizaciones en el sistema financiero nacional de más de RD$7 mil millones en los últimos años.
El órgano persecutor del crimen indicó que durante las pesquisas se ha podido determinar que Miguel López y su esposa Rosa Amalia Pilarte López utilizaban además al empleado José Antonio Román para ocultar los valores, realizando este depósitos a su favor y de diversas empresas por más de RD$ 3,168,764,813.00.
Señala que Martínez Javier permanece prófugo y fue declarado en rebeldía por orden judicial.
En la investigación, indicó el Ministerio Público, se pudo comprobar que esos miles de millones que fueron movidos en el sector financiero nacional, además de su procedencia ilícita tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).
Indica además que fueron creadas empresas de carpeta para la colocación de estas sumas en el mercado formal.
En torno al operativo durante el cual se arrestó los imputados, se informó que fueron ocupados cientos de documentos que comprometen su responsabilidad penal, dos helicópteros, una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, varias propiedades en bienes inmuebles valorados en cientos de millones de pesos y que se han identificado decenas de vehículos de alta gama propiedad del señor Miguel López.
La Fiscalía de La Vega lleva a cabo la investigación conjuntamente con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, otorgándole al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, Bienes Ilícitos y Financiamiento del Terrorismo y el Código Tributario, modificado por la Ley 11-92.
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