Los cinco casos de presunta corrupción administrativa que actualmente son debatidos en los tribunales de justicia suman un total de 42 personas a las que la Procuraduría General de la República imputa delitos como lavado de activos, coalición de funcionarios, estafa y sobornos entre otros actos que se habrían cometido contra el Estado.
Para hacer frente a esos casos, así como para apurar las diligencias de más de 500 investigaciones que tienen en curso, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público cuentan con 40 fiscales y otros 30 especialistas multidisciplinarios que conforman el batallón en la lucha que libran en contra de la corrupción.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, afirmó que ese equipo, al que se suma el personal de apoyo administrativo, debe trabajar 12 horas, seis días a la semana para poder dar respuesta a cada caso judicializado o en… Seguir leyendo
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